La doble moral del Gobierno de Layda Sansores queda a la vista, primero aplaude cuando el vandalismo es contra edificios de sus adversarios políticos, pero cuando se trata de una exigencia social de mujeres que piden justicia, seguridad, un alto a los feminicidios entonces la criminaliza y las amenazas e intimida, incluso las quieren meter a la cárcel.
Cabe recordar que el Gobierno de la 4T mandó a Liz Hernández cuando era diputada del Congreso del Estado, el pasado 15 de abril del 2022 al Edificio del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a vandalizarlo por que el dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas en aquellos días votó en contra de la Reforma Eléctrica. “Alito Traidor” pintó en las paredes.
Incluso la gobernadora en aquel día acudió al edifico de PRI para apoyar a las manifestantes, que realizaron pintas en la sede del tricolor.
Y como premio la gobernadora Layda Sansores le dio la Secretaria de Bienestar, y la promesa de la Alcaldía de Campeche, que al final se la entregaron a la exmocistas Jamile Moguel.
Ahora a las campechanas que salieron a protestar en contra de los problemas sociales que las afecta y que el gobierno de Todos no ha hecho nada para detenerlo sino todo lo contrario se han incrementado los delitos contra la mujer.
Entonces las quieren criminalizar, demandar y hasta meterlas a la cárcel por vandalizando, el edificio del poder ejecutivo.
Ni la directora del Instituto de la Mujer del Estado de Campeche, Vania Helleher Hernández, ni la encargada del Centro de Justicia de la Mujer, Teresita Beatriz Segovia Espinoza harán nada por defender a las mujeres de la marcha 8M.
Redacción.
