La comunidad de Santiago de Anaya, en Hidalgo, está conmocionada por la trágica muerte de Adriel, un niño de tan solo 11 años, víctima de un brutal caso de bullying perpetrado por compañeros de clase. Este suceso ha dejado un profundo impacto en la localidad, desatando indignación y demandas de justicia.
Las autoridades han emitido órdenes de aprehensión contra la profesora Flor Isela Percastegui y el director Rufino Jiménez Reyes de la escuela Primaria Benito Juárez, acusados del delito de homicidio culposo. Esta decisión judicial, tomada por el juez del Tercer Distrito Judicial de Tula de Allende, representa un paso crucial en la búsqueda de justicia para Adriel, cuya vida fue segada debido a las graves lesiones sufridas durante el acto de violencia en la escuela.
Según los informes, Adriel sufrió fracturas, coágulos y un severo derrame cerebral como resultado del ataque perpetrado en el entorno escolar. Su padre, Obed Moreno Salvador, ha señalado a los educadores como responsables directos de la tragedia, alegando negligencia en el cuidado del niño y permisividad ante el acoso escolar. El expediente del caso revela que el director de la escuela habría empeorado las lesiones del menor al manejar la situación de manera inapropiada tras el incidente.
Sin embargo, tanto la profesora como el director se encuentran en paradero desconocido después de ser separados de sus cargos. La Fiscalía General del Estado ha asumido la investigación del caso, que ha sido catalogado como un trágico incidente por parte de las autoridades educativas.
Esta situación ha generado un profundo descontento en la comunidad escolar y la sociedad en general, que exigen respuestas y acciones contundentes para prevenir futuros episodios de violencia escolar y garantizar la seguridad de los estudiantes.
La muerte de Adriel no solo ha dejado un vacío irreparable en su familia, sino que también ha puesto de manifiesto la urgente necesidad de abordar de manera efectiva el problema del bullying en las escuelas, así como de promover una cultura de respeto y convivencia pacífica entre los estudiantes. La justicia para Adriel es un imperativo moral y social que no puede ser ignorado.
El 7 de marzo pasado, el joven Adriel fue víctima de un acto despiadado de bullying en la Escuela Primaria Benito Juárez, ubicada en El Xitzo, comunidad perteneciente al municipio de Santiago de Anaya. Dos compañeros lo empujaron y luego lo patearon, causándole una fractura de clavícula, un traumatismo craneoencefálico y un coágulo en el estómago.
A pesar de ser trasladado al Hospital General de Actopan para recibir atención médica, su estado de salud empeoró y, trágicamente, fue declarado con muerte cerebral el 12 de marzo.
Este lamentable incidente ha provocado una profunda consternación en la comunidad. La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) expresó su pesar por lo ocurrido, calificándolo como un “trágico incidente”. Sin embargo, los padres de Adriel rechazaron rotundamente este enfoque, insistiendo en que lo sucedido fue un asesinato y no un mero accidente. En respuesta a la gravedad del caso, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) inició una investigación de oficio ante posibles violaciones a los derechos humanos.
El pequeño Adriel fue sepultado el jueves 14 de marzo en el Panteón Municipal de Santiago de Anaya. La ceremonia estuvo marcada por la emotividad y la solidaridad de los habitantes de la comunidad, quienes acompañaron a la familia en este momento tan difícil. Frente a la tumba de su hijo, el señor Obed, padre de Adriel, clamó por justicia y castigo para los responsables de la muerte de su hijo. En medio del dolor, expresó su firme deseo de que los culpables sean llevados ante la ley y enfrenten las consecuencias de sus acciones.
La muerte de Adriel no solo ha generado un profundo dolor en su familia y en la comunidad, sino que también ha puesto de relieve la urgente necesidad de abordar de manera efectiva el problema del bullying en las escuelas. La sociedad exige medidas contundentes para prevenir futuros casos y garantizar la seguridad y el bienestar de todos los estudiantes. La justicia para Adriel es un reclamo legítimo y una responsabilidad ineludible de las autoridades competentes.
Agencias.
