Habitantes de la ranchería Las Delicias, del municipio de Calakmul, Campeche, cerraron la carretera Escárcega-Chetumal, a la altura del kilómetro 160, para exigir el cumplimiento de los compromisos que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Explicaron que después de una larga negociación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) los propietarios de 22 predios acordaron permitir el paso del Tren Maya a cambio de su regularización, “porque venían queriendo pasar de a gratis”, cuenta Eduardo Javier Vera Sánchez, uno de los 33 propietarios inconformes.
“El año pasado el presidente López Obrador instruyó al personal de la Sedatu y de Fonatur para que los que tuviéramos escritura inscrita en el Registro Público de la Propiedad se nos escuchara, se nos indemnizara en términos de la ley”, dijo uno de los manifestantes; además, el acuerdo era que el resto de los terrenos, que no estuvieran regularizados, se inscribiría en el RPP.
Los propietarios inconformes señalan que ya han sido indemnizados, pero la Sedatu no ha cumplido con la prometida regularización.
“El presidente empeñó su palabra de que nos iba a regularizar, ahorita ya se va el señor y no nos han cumplido. ¿Cómo quiere hablar de desarrollo, de crecimiento y de inversión en una zona que no tiene certeza jurídica?”, comentan.
Los predios de los habitantes inconformes miden un promedio de 500 metros cuadrados cada uno y son paso obligado del Tren Maya a lo largo de unos 11 kilómetros en el Tramo 7. Todos, aseguran, han sido afectados irremediablemente por el paso del tren y más de la mitad de estos predios fueron fraccionados.
“No somos opositores a su proyecto, somos un grupo de ancianos y mujeres del campo, gente pacífica y trabajadora que confiamos (…) en que nuestras tierras fueran regularizadas en beneficio por nuestra anuencia al paso del proyecto ferroviario”, dijo Macario Durán Pérez, uno de los propietarios, en un mensaje videograbado dirigido al presidente López Obrador.
En el mismo video, los inconformes proponen la firma de un convenio y compromiso tanto del gobierno federal como de la Sedatu con el gobierno estatal para simplificar el trámite de regularización que reclaman, antes de que concluya el mandato presidencial de López Obrador.
“No debimos de haber llegado a esto. La relación que tiene la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, con el presidente era para que en cinco minutos se resolviera la regularización de estos predios que su padre ordenó en 1972 inscribir en el Registro Público de la Propiedad”.
El bloqueo, advirtieron, será permanente hasta obtener una respuesta positiva del presidente o por lo menos de la Secretaría de Gobernación (Segob).
