En México hacen falta 61 juezas y jueces por cada 100 mil habitantes, y hay un rezago de más de 47 mil expedientes pendientes de concluir -tanto en los estados como en la Federación- y existen diversos “problemas estructurales” en el sistema de impartición de la justicia que la propuesta de reforma al Poder Judicial no atiende, advierten diversos especialistas en la materia.
De acuerdo con un estándar internacional establecido por la OCDE deben haber 65 personas juzgadoras por cada 100 mil habitantes, pero en México tenemos solo 4.4 por cada 100 mil habitantes.
“Hay una insuficiencia de personal juzgador para atender las demandas de justicia a nivel nacional”, señala Adriana Aguilar, investigadora del programa Transparencia en la Justicia de la organización México Evalúa, en entrevista con Animal Político.
¿Cuánto tarda un juez en resolver un caso en México?
Esto contrasta con lo establecido en la propuesta de reforma enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión en febrero pasado, que indica que para obtener una “justicia pronta y expedita” se deben modificar los artículos 17 y 20 constitucionales, para que las personas juzgadoras resuelvan, en un plazo máximo de 6 meses, los asuntos que lleguen a sus manos.
Sin embargo, la reforma no especifica si el plazo de seis meses funciona como techo o como piso para la celeridad de procesos judiciales ni determina el significado de “cuantías en materia tributaria”, que asegura será previstas en leyes secundarias, por lo que los especialistas considerar que se podría abrir paso a la opacidad en el actuar de los legisladores.
Además, la reforma indica que en caso de cumplirse con el plazo señalado y que no se haya dictado sentencia, los propios órganos jurisdiccionales que conozcan del asunto deberán dar aviso inmediato al nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y justificar las razones de dicha demora.
Para llegar a ambas propuestas, la reforma justifica sus razones en “el derecho de las personas justiciables a recibir una justicia de calidad”, pues define a los procesos judiciales como “lentos, caros, tortuosos” y que implican un gran uso del papel, sin proporcionar mayores datos al respecto.
¿Cuáles son los problemas del Poder Judicial?
De esta manera, considera que uno de los problemas principales del Poder Judicial es la “incapacidad o el desinterés que prevalece en los órganos encargados de la administración de la justicia para cumplir con los principios previstos en el artículo 17 constitucional de brindar una justicia pronta y expedita a las personas justiciables”, sin proporcionar mayores datos al respecto.
Sin embargo, datos del Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal señalan que durante el 2022 ingresaron 1 millón 256 mil 77 asuntos al Poder Judicial de la Federación, mientras que la cantidad de asuntos resueltos fue de 1 millón 214 mil 806 asuntos, lo que significó que cada persona juzgadora resolvió 762 asuntos durante ese año.
Para el mismo año ingresaron 2 millones 154 mil 768 asuntos a los poderes judiciales estatales, de los cuales 1 millón 320 mil 702 concluyeron en primera instancia, por lo que cada juzgador resolvió 428 asuntos en promedio, según el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2023.
Pese a los avances, el rezago judicial -que se define como la demora en la solución (sentencias, conciliaciones) de los problemas y casos que se presentan ante los jueces y tribunales- continuó en 41 mil 271 expedientes pendientes por concluir a nivel federal y 5 mil 773 a nivel estatal, en casos que impactan directamente a las personas.
Tan solo a nivel estatal se indica que en materia civil quedaron pendientes por resolver mil 989 expedientes, en materia familiar mil 736, en materia penal mil 155, en materia mercantil 650 y en materia comunitaria o vecinal 224, cifras que no incluyen los asuntos que de por sí ya estaban rezagados y que ingresaron en otros años.
Pese a lo anterior, los especialistas agregan que el rezago no sólo puede medirse como la diferencia entre los casos que entran y los que salen, pues para un diagnóstico real sobre el rezago judicial, es necesario estudiar, cuando menos, los factores con los que conviven los órganos judiciales y que impactan en la impartición de justicia, tales como el número de funcionarios para resolver los casos y sus consecuencias en la carga laboral.
Por lo anterior, refieren que aún existe una necesidad de crear un “diagnóstico riguroso, sectorial (por materia y jurisdicción), basado en evidencia, que pueda explicar los diversos factores y su peso en el problema del rezago y la congestión”.
Agencias.
