La empresa del sector pétreo Sac-Tun, filial en México de la estadounidense Vulcan Materials Company, informó este lunes que no aceptará lo que llamó una “expropiación ilegal” de sus inversiones en la Riviera Maya, en referencia a lo que el Gobierno de México anunció como una “propuesta formal de compra” de un predio de aproximadamente 2.400 hectáreas al sur de Playa del Carmen, Quintana Roo.
La compañía señaló que el monto ofrecido por el gobierno mexicano ―que no detalló― es menor al valor real de las inversiones, aunque aceptaron que se encuentran abiertos a una negociación.
«Seguimos abiertos a una solución negociada de buena fe, fructífera y amistosa de las disputas entre Vulcan y el Gobierno de México (…) Se nos entregó un avalúo informal, sin firmas y sin detalles, que subvalora sustancialmente nuestros activos, incluyendo las reservas de piedra caliza de las que somos dueños conforme a la ley mexicana, así como el único puerto de calado profundo en la región. No renunciaremos a nuestras inversiones y trabajo, menos aún, por un valor nominal alejado de la realidad e impuesto unilateralmente por el gobierno», advirtió Sac-Tun.
La postura del consorcio surge luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que la empresa ha estado sobrexplotando los recursos naturales de la Riviera Maya.
«Fuimos muy claros con el señor (secretario de Estado de EE.UU., Antony) Blinken con lo de Vulcan, que porque los senadores de Estados Unidos dicen que vamos a expropiar, lo cual es mentira. Además, con mucha deshonestidad, porque se está llevando a cabo o se estaba llevando a cabo una negociación de casi dos años, llegamos a ofrecerle comprarles, teníamos ahí una reserva de dos, 3.000 millones de pesos (casi US$ 180 millones) para que el área impactada se aprovechara en algún programa ecológico, turístico, y que el resto, que es la superficie mayor de selva, casi 2.000 hectáreas, pasaran a formar parte de una reserva natural protegida», dijo el jueves pasado en su conferencia de prensa matutina.
Vulcan afirmó en su comunicado que «el gobierno mexicano continúa utilizando amenazas políticas, abusos de autoridad y falsas acusaciones para tratar de justificar la conversión de nuestra propiedad en una supuesta ‘Área Natural Protegida’ que -irónicamente- podría ser utilizada no para el beneficio de la población y su medio ambiente, sino para fines privados de turismo comercial y operaciones de grandes cruceros, así como actividades navales».
CNN solicitó a la oficina de prensa del gobierno de México una reacción al comunicado de Sac-Tun, sin que hasta el momento tengamos respuesta.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) acudió en mayo de 2022 a clausurar la extracción de material pétreo, informó la institución en agosto de ese año.
La institución agregó que Vulcan reclama una compensación de más de US$ 1.500 millones más intereses, costas y una reclamación adicional sobre los actos de la Profepa.
La empresa, según su página de internet, es líder en Estados Unidos en la producción de agregados pétreos, principalmente piedra triturada, arena y grava, así como en la explotación y exportación de esos materiales de México a EE.UU.
La empresa sostiene que muchos de los productos de su filial mexicana son donados o vendidos para proyectos en México por debajo de los precios del mercado internacional y han sido esenciales para la construcción y el mantenimiento de los aeropuertos de Cancún y Cozumel, la autopista 307 Playa del Carmen-Cancún, la carretera 305D Playa del Carmen-El Tintal, avenidas y calles, viviendas, escuelas, hoteles y centros comerciales, entre otros proyectos de envergadura.
Agencias.
