La disputa entre las dos máximas autoridades del Ecuador, desde el inicio del gobierno, en noviembre pasado, se agudizó ayer con la vinculación de la Vicepresidenta en un caso penal, en el que el hijo de ella funge como el principal sospechoso. Y esto podría llevar a un juicio con el objetivo de sacarla del cargo y con eso evitar que Daniel Noboa le encargue la Presidencia cuando se presente a la reelección a finales de este año.
Por una investigación de tráfico de influencias, la Fiscalía en coordinación con la Policía ecuatoriana intervino el teléfono celular de la segunda mandataria, Verónica Abad, porque supuestamente ella conocía acuerdos y negocios para que un amigo de su hijo asumiera asesor en Comunicación de la Vicepresidencia.
El agente fiscal Carlos Alarcón, con base en esas interceptaciones, presume que Abad participó de esa gestión. Y señala que en marzo de 2024 se formularon cargos en contra de Francisco Barreiro, hijo de la segunda mandataria. Aparentemente, el caso nació luego de que un denunciante informó sobre reunión de él con Barreiro y Daniel R. (supuesto asesor en la Vicepresidencia). Ahí se habría hablado del puesto que el denunciante iba a ocupar en la Vicepresidencia. Para la Fiscalía, Barreiro y Daniel R. habrían solicitado a Rommel P. USD 1.700 mensuales de su salario de USD 3.200 por su puesto en el área de Comunicación. Rommel P. habría firmado una letra de cambio por USD 30.000 como garantía para cumplir el acuerdo. Éste último había declarado que Abad conocía sobre su caso y como prueba de ella presentó copias de chats. Y tras eso, el agente fiscal pidió a la Unidad Nacional Técnica de Interceptaciones y Análisis de Telecomunicaciones, Departamento Operativo de Telecomunicaciones de la Policía Nacional en el que se menciona el número telefónico asignado a Abad.
Agencias.