Mediante un reporte que realizó el diaro Reforma con el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reflejan que la extorsión creció en 15 estados entre 2019 y 2023, entre los que destaca Campeche.
En dicho periodo aumentó en Campeche, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Edomex, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.
La extorsión creció este sexenio en la mitad del País, pero entidades como el Estado de México, Guanajuato y Michoacán reportaron niveles récord de este delito.
Mientras en 2019, el primer año del Gobierno de AMLO, se denunciaron 8 mil 734 extorsiones en toda la República, en 2023 se registraron 10 mil 336 casos.
Es decir, que este ilícito tuvo un aumento de 18.3 por ciento a nivel nacional, sin tomar en cuenta la cifra negra de delitos no denunciados.
Uno de los casos más graves es el del Estado de México, que ocupa el primer lugar a nivel nacional por número de denuncias.
En el Edomex, la cifra de extorsiones pasó de 2 mil 487 en 2019 a 4 mil 010 el año pasado, un crecimiento histórico de 61.2 por ciento.
Además, en 2023, la entidad mexiquense, gobernada por la morenist, Delfina Gómez, concentró el 38.7 por ciento del total de extorsiones denunciadas en el País. Asimismo, Guanajuato experimentó uno de los crecimientos más altos de los últimos cuatro años.
En 2019, la entidad gobernada por el PAN registró apenas 18 denuncias por extorsión, cifra que se disparó a 801 en 2023.
Esto significó un aumento de 4 mil 350 por ciento, lo cual es atribuido por las autoridades locales a una mayor cultura de la denuncia y a una reducción de la cifra negra.
De acuerdo con reportes locales, este fenómeno ha impactado el sector comercial de ciudades como León, Irapuato y Celaya.
En el mismo periodo, Michoacán tuvo un repunte de 11 mil 950 por ciento en el número de extorsiones. Pasó de 18 denuncias en 2019 a 801 en 2023, una diferencia de 783 casos entre un año y otro.
Entre los municipios michoacanos que padecen este delito están Uruapan, Zamora, Apatzingán, Cotija y Huetamo, entre otros, donde grupos como La Familia han impuesto “piso” a productores, transportistas y comerciantes.
Grupo Reforma publicó en los últimos cuatro años de la Administración de AMLO, este delito asociado al cobro de piso y pago de cuotas al crimen organizado, alcanzó una tasa de víctimas de 7.67 por cada 100 mil habitantes a nivel nacional.
Ello representa un aumento del 50 por ciento, comparado con los últimos cuatro años de la gestión de Enrique Peña Nieto, que cerró con una tasa de 5.1, según el SESNSP
Redacción.
