Las luchas de poder y el juego de las “vencidas políticas” entre el Gobierno del Estado y la Alcaldía de Campeche continúan, a más de un mes de las pasadas elecciones del 2 de junio.
Pese a que algunos pensaban que después del proceso electoral los ánimos de calmarían y los dos niveles de gobierno podrían entrar a una fase de calma y, sobre todo, de entendimiento para lograr mejores resultados para los campechanos, lo cierto es que los pleitos siguen a la orden del día.
Ahora, la lucha se centra en la nueva Ley de Obra Pública del Estado de Campeche, aprobada por Morena, que introdujo la figura de “obra pública de interés social de gran impacto”.
Con esa ley, el Gobierno del Estado podrá librar las suspensiones municipales como a la aplicada al Tren Ligero, pues los proyectos así clasificados no necesitarán trámites ni licencias municipales de construcción y/o urbanísticos.
Para la Alcaldía de Campeche, ese fue otro atentado del Gobierno de Layda Sansores contra las facultades, obligaciones y funciones del Gobierno Municipal, puesto que invade competencias del Ayuntamiento de Campeche.
Así lo manifestó el director Jurídico de la Alcaldía de Campeche, Alfonso Durán Reyes, quien dio a conocer que prepara una impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de las reformas recién aprobadas a la Ley de Obra Pública del Estado de Campeche.
Explicó que la nueva Ley invade las competencias municipales y el orden constitucional, por lo que presentará una controversia constitucional para combatir dicha reforma y recuperar la rectoría que el Ayuntamiento debe de tener sobre los trámites, licencias y permisos relacionados con proyectos urbanísticos de la ciudad capital y no comprometer la seguridad jurídica.
Insistió en que los municipios son los responsables de regular el desarrollo urbano y, por tanto, de vigilar y en su caso sancionar cuando una obra, pública o privada, ponga en riesgo a la población o al correcto desarrollo urbanístico.
Aunque la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche ya fue aprobada por el Congreso, su entrada en vigor sería hasta el 2025 y no podría ser aplicada a la del Tren Ligero, puesto que la ley no es retroactiva. Además de que aún se irá a tribunales federales.
Redacción.
