Por Hubert Carrera Palí
- Sin resultados a una queja interpuesta contra funcionarios del Cobacam.
- Coordinador jurídico, el morenista Carlos Ramírez sigue gozando de impunidad pese a las acusaciones que pesan en su contra.
La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado (Secont) alardea la instalación de 65 buzones fijos en todo el Estado, sin embargo, hasta el día de hoy los resultados son efímeros, frente a graves agravios y actos de despotismo que se cometen en contra de trabajadores en instituciones educativas como del Colegio de Bachilleres de Campeche (Cobacam) donde el director general César González David, su coordinador jurídico, Carlos Ramírez Cortez y Oliva Pérez Pérez, coordinadora administrativa, actúan como verdugos.
Y es tan inepta y carente de profesionalismo y principios éticos la Secont, que luego de que un abogado basificado asignado a la coordinación jurídica fuera injustificadamente despedido y presentara su queja ante el Órgano Interno de Control (OIC) del Cobacam, le respondieron casi 15 días después del suceso para pedirle ampliara su denuncia contra Carlos Ramírez y quienes resulten responsables, cosa que hizo en tiempo y forma, pero, ¿qué creen? resulta que hasta el día de hoy la Contraloría no le envía acuse de recibo del documento.
Luego entonces, se palpa a leguas que la Secretaría de la Contraloría (Secont) que preside Mercedes Montero Pérez solo es otro florero de la administración pública estatal que dista mucho a lo que supuestamente pretende hacernos creer la gobernadora Layda Elena Sansores San Román en materia de transparencia y rendición de cuentas y su supuesta cercanía con la gente para atender y castigar como se merece a la basura que tiene al frente de instituciones como el Colegio de Bachilleres (Cobacam), donde además de desviarse más de 7 millones de pesos “por errores administrativos” están en serio peligro la formación académica e integridad física y mental de más de 10 mil estudiantes, ante casos de acoso sexual y pornografía que se presentan en planteles y pretenden ocultar.
Por ejemplo, el coordinador jurídico Carlos Ramírez proviene de una familia disfuncional, toda su vida recibió maltrato verbal y físico, su padre constantemente lo golpeaba, lo tundía a patadas, razón por la cual se refugió en las drogas y el alcohol lo que lo transformó en un delincuente en potencia para mantener sus vicios; quienes lo conocen lo identifican muy bien con la banda de “Los negritos”, por cierto, muy temida en el barrio de Santa Lucía.
Actualmente es miembro de A.A. pero su abstinencia le ha provocado severos trastornos mentales y del sistema nervioso central, a grado tal, que no controla sus emociones, manera de conducirse y de expresarse frente a la gente, pues lo hace con ese lenguaje de arrabal propio de una delincuente en potencia recluido en el Cereso de Kobén.
Durante su desarrollo como individuo acumuló muchos traumas familiares y rencores que hoy los expulsa desquitándose con quien o quienes se le atraviesen en el camino o en el trabajo, tal y como sucede actualmente en el Cobacam; antes sucedió en la Secretaría de Inclusión, donde una empleada de la comunidad Lgtbiq+ lo acusó ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Cdhcc) por actos homofóbicos; también protagonizó soberanos agarrones con el ex legislador Rebolledo, hoy segundo de a bordo de la titular de esa dependencia Ana Mex, pese a ser una persona con discapacidad.
Carlos Ramírez es toda una fichita, una basura social de esa que le gusta reciclar a la 4T y Morena para conseguir sus objetivos políticos, para formar grupos de vandálicos de choque, que luego, al calor de “finísimas” amistades similares y conexas como la de César González, llegan a dependencias a destruirlas y a truncar aspiraciones profesionales de empleados como están haciendo puntuales en el Cobacam, o sea, es la expresión del odio por el odio a todo lo que da, de la envidia y del rencor y la perversidad, a lo que se presta también coordinadores como Oliva Sánchez cuyo esposo es muy amigo de Carlos Ramírez.
Cierto, ella solo cumple órdenes de César González y del “negrito”, que rayan cualquier sentido conductual y humanista; van más allá de la vileza, de la maldad y la amenaza. Como he reafirmado puntual, sucedió recientemente con un joven abogado que se le despidió injustificadamente por este trío de insensatos, por lo cual, si la Contraloría fuera otra, en estos momentos debería estar aplicando las sanciones correspondientes, sin embargo, la adulación y ultras defensa hacia ellos de la gobernadora Layda Elena Sansores San Román a través de la Secretaría de la Contraloría es más que clara- de tal palo, está la astilla- por eso hay que recordarle cuantas veces sea necesario a la gobernadora, que tenga muy en claro “que no hay enfermedad que dure 100 años ni cuerpo que la resista”, sus tiempos paulatinamente expiran inexorablemente sus días soberbios están contados.
