Por: Francisco López Vargas
La gravedad de lo que se propone la hace una discusión necesaria. Sin embargo, esa reconformación de la Suprema Corte de Justicia urgente y necesaria, pero para todos los órganos judiciales del país ha servido para desviar la atención de un tema que, por demás, sería nefasta para la democracia del país.
La recién concretada reforma al poder judicial en tiempos del presidente de la Corte, Arturo Saldivar, en 2021 no ha tenido suficiente tiempo para ver sus bondades porque la discusión y su aprobación se opacó porque en ella estaba incluida una propuesta anticonstitucional para darle dos años más en la presidencia a quien ya la detentaba y, meses después, se supo que ponía a disposición del gobierno las resoluciones judiciales y evitaba que los ministros tuvieran interacción e interlocución con los otros poderes del gobierno.
La reforma judicial propuesta por Andrés Manuel López Obrador ha avivado la discusión pública y ha puesto los reflectores sobre qué tanto de sus profundos alcances dejará pasar Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, expone El País, sobre el tema.
Esa enmienda, reconoce, ha provocado turbulencias en el plano económico y ha golpeado la celebrada estabilidad del peso en cuestión de días. Los mercados financieros temen por la vitalidad de los contrapesos en el Gobierno de Sheinbaum, tras unas votaciones que dieron a Morena, el partido en el Gobierno, una aplastante mayoría calificada en el Congreso, que le permitiría al oficialismo aprobar enmiendas a la Constitución sin necesidad de negociar con la oposición ni tampoco afrontar a un Poder Judicial adverso.
Las dudas sobre la reforma de López Obrador están puestas, principalmente, dice el diario español, en la posibilidad de que los integrantes de la judicatura federal sean removidos de sus cargos y sustituidos por unos nuevos surgidos de una elección por voto popular. La propuesta legislativa traza cuáles serán los cargos judiciales que se someterían a votación, las fechas de los comicios y su duración en el puesto. La iniciativa forma parte del paquete de reformas enviado por el Ejecutivo al Congreso el 5 de febrero, cuando se conmemora un aniversario más de la Constitución de 1917. Durante su campaña, Sheinbaum abrazó la propuesta y la usó como bandera. Ahora, la próxima presidenta ha intentado contener el nerviosismo y ha delineado un matiz: que la propuesta no llegue al Legislativo sin antes ser discutida en un debate público con sectores sociales, incluidos los propios jueces, pero López Obrador la contradijo y este lunes declaró que no quiere que la aprueben sin cambiarle una coma.
Esa argumentación, sin embargo, nubla la discusión más seria: la de la sobrerrepresentación legislativa que le permitiría al gobierno la modificación legal de la Constitución al tener una mayoría abosluta en las cámaras legislativas.
Esa discusión no se ha dado y prácticamente se ha aceptado como inevitable que sólo dos senadores serían los necesarios para que el gobierno de Claudia Sheinbaum lograse no sólo pasar sus reformas sino la modificación absoluta de la Carta Magna y con ello doblar a los dos poderes que le hacen contrapeso al ejecutivo.
En lo que se ve como un retroceso a los tiempos en que el gobierno no discutía las leyes, el presupuesto ni daba explicaciones, con ello se anularía esa obligatoriedad que se ha logrado de que el gobierno rinda cuentas e informe de su presupuesto, que se norme cómo ejecutarlo y que se castigue a quienes hayan cometido delitos en su ejercicio.
La decisión, en los hechos, por Morena significa un retroceso por el que optaron 35 millones de mexicanos y que los otros 65 millones, que no votaron ni acudieron a las urnas, tendremos que aceptar. Un retroceso legal, democrático? Quizá si para lograrlo no se hubiera violado la ley electoral y usado el presupuesto y los órganos del gobierno para una elección de Estado. No aceptemos que los legisladores tengan una representación que no se ganaron en las urnas. Nadie debe tener el 8 por ciento de sobrerrepresentación aunque hayan ido en coalición. La sobrerrepresentación sólo considera a los partidos políticos y para confirmar alianzas y coaliciones no hay un inciso en la ley, por eso creen que pueden lograrlo. La interpretación manipulada de la ley sería su excusa. Veamos…
