Columna invitada: Reforma judicial: la captura total del poder

Por: Miguel Ángel Sulub Caamal

El pasado cinco de febrero de este año, fecha simbólica en México porque se conmemora el aniversario de la promulgación de nuestra ley suprema, el presidente de la república propuso modificar el texto constitucional para que los poderes judiciales, federal y locales, se integren con ministros, magistrados y jueces electos por el voto directo y secreto de los ciudadanos.

El movimiento en el gobierno y sus juglares, para generar simpatías hacia esta propuesta, han venido difundiendo que este mecanismo evitará el influyentismo, la corrupción, el nepotismo, vicios y parcialidad en la impartición de justicia, y le dará legitimidad democrática y social al poder judicial. Sin embargo, el contenido de la propuesta nos indica que la reforma que se propone:

Es un engaño: El pueblo no elegirá de forma directa a los juzgadores. El principal elector, será el presidente “y los gobernadores” con su movimiento, usando la mayoría que tiene en los congresos, federal y estatales.

Es una mentira: La elección popular de los más de 6, 616 juzgadores que existen en todo el país, genera el riesgo de que el crimen organizado y quienes cuentan con poder económico intervengan e influyan en el nombramiento de ministros, magistrados y jueces, con lo cual habría más corrupción, vicios y parcialidad en las sentencias, en perjuicio del más débil.

Es falsa: No tiene la intención de mejorar el sistema de justicia; los problemas que hoy se tienen de atención y resolución rápida de los asuntos, de ejecución de sentencias y reparación de daños efectiva a las víctimas, por ejemplo, no se solucionarían con solo elegir popularmente a quienes desempeñan una actividad eminentemente jurídica y que requiere una alta especialización.

Es una venganza: Al gobierno actual no le agrada que le lleven la contraria y que se  hayan  limitado sus decisiones, por  eso el afán de quitar a los ministros, magistrados y jueces que han cumplido con su misión de aplicar y hacer que prevalezca lo que dice la Carta Magna.

Es un retroceso: Sólo quienes tengan recursos económicos podrán promover un juicio  de amparo contra leyes para obtener la  protección de la justicia; la suspensión de una norma inconstitucional no tendría efectos generales, sino sólo individuales, lo cual generará un estado de desigualdad en perjuicio de los más pobres, situación que ya estaba superada.

Es un atentado: Miles de personas que hicieron de la impartición de justicia su proyecto de vida y que han hecho una carrera judicial, verán afectados su vocación, esfuerzo y dedicación de años. Asimismo, se pondrá en riesgo la resolución de millones de casos que actualmente se encuentran en trámite y que ya llevan un gran avance en su atención.

Es centralista: Muy poco o nada se ha señalado, pero en la iniciativa de reforma al poder judicial, se propone que al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación  le  corresponderá  resolver  las  impugnaciones  en  las  elecciones federales y locales, lo que representa prácticamente la semilla para desaparecer a los tribunales electorales locales.

Es intervencionista: El poder ejecutivo busca intervenir en el manejo y aplicación del presupuesto del poder judicial, lo cual va en contra de la división de poderes. Es costosa: La realización del mecanismo de elección que propone costaría miles de millones de pesos, lo cual va en contra de la austeridad republicana que tanto se ha pregonado. Estos recursos bien pudieran servir para concretizar las reformas realizadas en años anteriores con la intención de mejorar el sistema de justicia en materia  penal,  mercantil,  laboral,  procesal  civil  y  familiar,  así  como  para implementar los mecanismos alternativos de solución de controversias.

Es para concentrar el poder: No se intenta mejorar el sistema de justicia. El objetivo que se vislumbra es el control total, no sólo del poder legislativo sino también del judicial, de parte de un poder ejecutivo que pretende ser hegemónico, avasallador y sin límites, en todo y con todo.

¿Es estó lo que queremos para el país? ¿Queremos un poder que controle todo sin límites? ¿Es esto lo que queremos heredarle a las nuevas generaciones?