Por: Hubert Carrera
Por instrucciones de la gobernadora Layda Sansores Sanromán, la titular de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) Marcela Muñoz Martínez, recorrió colonias populares y entregó despensas a familias afectadas por las lluvias con lo que pretendió congraciarse ante la opinión pública de quien a cambio sigue recibiendo rosarios de repudio y de rechazo, en igual o mayor cantidad y proporción que su jefa.
En la unidad habitacional Siglo XXI, protegida por su séquito delincuencial de jefes policiacos- algunos de ellos supuestamente ya dados de baja- aprovechó para tomarse cualquier cantidad de fotos con las que de inmediato inundó las redes sociales con apoyo de medios “matraqueros” afines a la gobernadora que dieron amplia cobertura.
La reaparición pública de la guanajuatense no fue de cartelera “estelar” como se pensó en cuarto piso de palacio de gobierno. Solo vino a reforzar lo que está en boca de todos, en Campeche junto con su jefa nadie las quiere ni en pintura, por eso Layda se vio obligada a posponer la Revocación de Mandato.
Existe un profundo rechazo y descontento social hacia la titular de la SPSC por inepta, esa proyección la acompañará mientras siga desempeñando un cargo que le ha quedado diametralmente grande, el cual, por cierto, no debería estar desempeñando por recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de Campeche (CDHC) en tanto no concluya la investigación que se le sigue por su presunta responsabilidad en el fallido operativo del traslado de internos del Centro Penitenciario de San Francisco Kobén a otra cárcel del centro del paìs.
La recomendación que emite la CDHC a la Secretaría de Gobierno es clara: “ …que se emprendan todas las acciones necesarias para garantizar que las investigaciones de los sucesos, no se sesguen, obstaculicen y generen resultados carentes de objetividad, por la permanencia en el ejercicio del cargo, puesto o comisión de la persona adscrita a la Secretaría del Sistema Penitenciario, Prevención y Reinserción Social así como de la Secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana del Estado, que desde sus competencias fueron responsables del operativo q ue se realizó el 15 de marzo de 2024 en el Centro Penitenciario de San Francisco Kobén, toda vez que, en su calidad de autoridades, representan influencia en la toma de decisiones que podría comprometer la disposición y la objetividad de las víctimas y aportadores de datos, así como generar temor y represalias”
El desacato en que incurrió el Gobierno del Estado a esta recomendación aunado a la sumisión y pasividad con que actúa este órgano supuestamente autónomo para la defensa de los derechos humanos, desató la ira de la gobernadora y de Marcela emprendiendo una persecución, cacería y despido de quienes han sido señalados cabecillas del movimiento que originó ya más de 100 días de paro de labores entre estos 28 mujeres policías que en su mayoría sufrieron en carne propia todo tipo de vejaciones por parte de los internos a la hora del operativo fallido.
¿Y dónde quedó la sororidad que tanto pregonas Marcela?
Sin embargo, ni Layda Sansores y mucho menos Marcela Muñoz deben cantar victoria porque este es todavía el inicio de un conflicto que seguramente llegará hasta las últimas consecuencias con autoridades más imparciales donde seguramente los argumentos legales de los policías finalmente tendrán eco, una respuesta positiva, solo es cuestión de que sigan firmes con esa dignidad que les ha valido el respeto de la ciudadanía.
Tanto Marcela Muñoz como la gobernadora Layda Sansores, tendrán que pagar con creces una a una esas maldades y posturas soberbias que les caracterizan, que ha llegado al extremo de negarle el pago de sus quincenas a los policías, pese a que no han dejado de laborar.
No les ha importado dejar sin el sustento económico a cientos de familias cuyos jefes se dedican de sol a sol a garantizar la paz y la tranquilidad de los campechanos aun exponiendo sus vidas frente a la legión delincuencial policiaca que Marcela se trajo para acabar con quienes ose ponérsele al brinco.
