Por: Rubén Moreira Valdez
El debate sobre el poder judicial se ha instalado en la opinión pública. En la narrativa se habla de mejorar la justicia en México, algo a lo que nadie se puede oponer. Como en muchas otras ocasiones, lo propuesto poco o nada tiene que ver con lo que se promete.
Cambiar a ministros, magistrados y jueces no resuelve el problema que enfrenta el país; más aún, seguro va a agudizar la situación y echar para atrás lo construido en muchos años, sobre todo, después de las reformas constitucionales de 2010 – 2011.
El derecho mexicano se ha transformado a una velocidad sorprendente en las últimas décadas. En el centro de nuestra discusión jurídica se encuentran las personas, sus derechos, el medio ambiente, las libertades y el garantismo. Hay que reconocer que la nueva redacción del artículo primero de la Constitución significó un cambio radical, al grado que las instituciones empezaron a crujir y mostrar insuficiencias. Fue como poner un potente motor de 707 caballos de fuerza en un modelo 63.
Aclaro que el poder judicial federal, con poco presupuesto, reaccionó de una aceptable manera en varias de las exigencias. Una de ellas, la formación, selección y evaluación del personal. Por ejemplo, los exámenes de promoción son de muy alta complejidad y es casi imposible que un novato o no avezado prospere en ellos.
Tenemos jueces y magistrados federales de muy alta capacidad y competencia. Con los estándares de nuestro sistema de derechos humanos, el impartidor de justicia tiene que ser diestro, no solo en ley, también en precedentes, criterios, tesis, jurisprudencias y tratados internacionales; incluso en resoluciones de carácter internacional. No comparto la idea de no pedir experiencia para acceder a los cargos de la judicatura. Por cierto, carecer de experiencia no es pecado, sino una circunstancia temporal en la que el humano alguna vez en su vida se coloca cuando desempeña por primera vez una actividad, oficio y profesión.
Para mejorar la justicia, la ruta transita por otros rumbos y latitudes. Pongo algunas alternativas para el caso:
1).- Aumentar el presupuesto para la procuración e impartición de justicia; el destinado en la actualidad es insuficiente. Además, la federación exprime a los estados en sus recursos y les devuelve poco, lo que empeora la situación.
2).- Con más recursos, son posibles más juzgados, fiscalías, laboratorios de peritaje, y prisiones. México tiene menos de 3 jueces por cada 100 mil habitantes, mientras algunos países de la OCDE, como Grecia, Montenegro, Eslovenia y Croacia tienen más de 40 en la misma proporción de personas.
3).- Urge rediseñar el sistema de formación de abogados para llevarlo a los mejores estándares internacionales, de igual manera los requisitos para el ejercicio de la profesión, y…
4).- Sin paz no hay justicia. Terminar con la violencia es necesario para un país justo.
Hay más temas pendientes por resolver, pero con los relatados nos damos idea de lo insuficiente que resulta la iniciativa de Morena para cumplir con la narrativa que por todos los medios se difunde. Espero que por el bien de México se reflexione y no terminen tirando el agua de la bañera con todo y niño.
