Por: Francisco López Vargas
La gobernadora del pueblo, la que decía que ya le tocaba serlo ha tenido que recurrir al Ejército para evitar que se le salga de control una manifestación que exclamaba en coro: ¡Fuera Layda! ¡Fuera Marcela!
La mujer que tardó cuatro sexenios en emular a su padre Carlos Sansores, como gobernador, no respetó la frase célebre que le enseñó el que fuera presidente nacional del PRI: “cuando el pueblo dice que es de noche hay que encender las lámparas”.
Y Layda no midió el tamaño de la queja de los campechanos apanicados por los índices de violencia que siguen creciendo, de la inseguridad que los ha llevado a meter los sillones de la escarpa y no salir a tomar fresco, de los agravios que la sociedad ha resentido de su gestión que ha colocado a Campeche en el último sitio nacional y que ha perdido el rango del Estado más seguro del país, que se disputó hace años con Yucatán.
Y del motín de la madrugada del sábado con cerca de tres docenas de lesionados se pasó al plantón de policías que tomaron la sede de su secretaría, a la queja, a la denuncia del presupuesto agendado pero no ejercido, al menos no en los uniformes, patrullas, instalaciones, alimentos y mejoras salariales, cursos de capacitación constante que eran la norma.
Encarrerados cientos de policías -se decía que 600 u 800 de los cerca de 1200 que componen la corporación- pasaron a la exhibida al gobierno de Morena: nos descuentan el 3 por ciento del salario para la campaña y nos usan para el trabajo sucio.
Y la mujer que se quejó de la militarización en el gobierno de Calderón, que acusó en el Senado de cobarde a Peña Nieto por no mandarlos a sus cuarteles, recurrió al Ejército para custodiar el C5 y los Hummer verde olivo patrullaban las calles mientras los ciudadanos se arremolinaban rodeando el Palacio de Gobierno y la sede del Congreso, que intentó negociar, que llamó a comparecer a Marcela Muñoz, la guanajuatense que les espetó que solo Layda Sansores le podía pedir la renuncia y desoía las quejas por su falta de experiencia.
Importada desde la Alvaro Obregón, Marcela autorizó un operativo que el director del penal de San Francisco Kobén se negó a ejecutar y que le costó el cargo.
La funcionaria que abusa de sus protagonismo en redes mandó por delante a las mujeres policías a un operativo que lo mismo consideraba el traslado de 8 reos de alta peligrosidad que el cateo de las celdas para detectar drogas y armas de fuego. Los reos, avisados con tiempo de su traslado, debían pagarle $10 mil pesos a la directora interina si querían quedarse en Campeche. La incursión policíaca derivó en motín, en abusos sexuales a las policías que tuvieron que ser rescatadas por sus compañeros, y de ahí se desencadenó todo.
Llevados con mentiras los policías se quejaban de que no les dejaron llevar sus bastones, sus escudos, sus equipos para ese tipo de eventos.
Luego vendría el plantón, las quejas y la gobernadora diciendo que si querían que ella fuera al edificio policíaco no lo haría y les decía: porque no llaman a la mamá de cualquiera de ellos para que vaya.
La gota que derramó el vaso de una sociedad que hizo propio el reclamo, que les llevó comida, agua. Que les dio gasolina para que siguieran sus rondines.
Y, el miércoles, la marea de velas inundó el malecón, la calle 8, el Circuito Baluartes hasta rodear las sedes del Ejecutivo y Legislativo, los dos poderes que no pudieron o no supieron negociar.
Eso si cambiaron la sede de la policía para obligarlos a ir a firmar y si no lo hacían tres días seguidos se podían dar por despedidos. Así la gobernadora que quiso serlo, por más de 24 años.
Campeche durmió con la vigilancia militar que muchos vaticinan serán los nuevos policías de la localidad y despertó con una convocatoria de desagravio a favor de Layda y Marcela y varios de sus colaboradores repudiados por policías que los acusan de indolencia.
La manifestación de los policías recibió mensajes de apoyo de otros policías ministeriales que se quejan del mismo trato y que les avisaron que ya están integrando expedientes contra los manifestantes a quienes están forzando a ir a unas oficinas provisionales donde les piden firmar documentos como condición para conservar el trabajo, pero que temen sean usados para identificarlos, detenerlos y armarles un expediente como les advierten agentes ministeriales que se han solidarizado con ellos.
Los campechanos se cobraron las afrentas ordenadas por Marcela, el desprecio de Layda por haber traído a todo un gabinete que limitó el trabajo para quienes solían ser empleados del gobierno y que despidieron porque se negaron a afiliarse a Morena o a publicar manifestaciones públicas de apoyo al presidente y a la gobernadora.
En tres años, el gobierno ha ido de mal en peor. El primero dijeron que lo utilizaron para hacer el diagnóstico de la entidad y se negaron a rendir cuentas de la parte del presupuesto que ejercieron durante los primeros meses de gobierno que aprovecharon para colocar a los hijos de Marcela, una directora de policía en Carmen y el otro vicefiscal estatal.
Hasta hoy, del presupuesto anual de casi 24 mil millones de pesos se desconoce el destino porque no hay obra pública, no hay promoción para atracción de inversiones, no hay promoción turística, no hay apoyos ni ayuda a la población, mientras Layda permanece ausente de una entidad que ofreció gobernar sin nepotismo pero que en los hechos está rodeada de sus familiares empezando por su hermana que es presidenta del DIF estatal y cuyo esposo es secretario del Deporte.
Uno de sus sobrino, Gerardo Sánchez Sansores es su súper asesor y es quien maneja los temas de comunicación y tiene suficiente poder como para designar compras, nombramientos y opera un presupuesto mensual de $80 millones que nadie sabe a qué dedica.
La manifestación a favor de los policías no es más que una protesta enérgica por quien gobierna con mano dura, que ha sido denunciada y sentenciada por varias violaciones graves, pero sigue sin atender las sentencias que ameritaron su inscripción en la lista de violadores de leyes por actitudes que agravian por razones de género.
