Por: Francisco López Vargas
En la presente campaña electoral van 43 personas asesinadas, 18 atentados, 43 amenazas y 5 secuestros en el saldo rojo de quienes aspiraron a participar por cargos de elección popular y hasta la semana pasada las alusiones sobre el tema por parte del presidente López Obrador eran marginales.
Tenían que matar a una candidata de Morena en un estado gobernado por la oposición para de inmediato su partido se activara en asesinato político y responsabilizar a ese gobierno local de haber negado la protección a su aspirante a la alcaldía de Celaya.
Nadie había responsabilizado al gobierno por los homicidios en Michoacán, Guerrero, Veracruz, Chiapas, en Sinaloa o en otros gobernador por Morena, pero la desesperación ya hizo presa de gobernadores y contagiaron al presidente.
En Campeche, Layda Sansores tardó casi tres años en identificar que sus mandos “rebeldes”, casualmente los que encabezan la toma de instalaciones, en la policía local trabajaban para Alito y Eliseo, que eran sexistas y violentaban a sus compañeras mujeres a las que defienden, contradictoriamente, de los abusos de un operativo mal planeado, pero peor ejecutado del que sólo hay una responsable: Marcela Muñoz, a la que protege a capa y espada.
El motín en el penal por el traslado a reos a otras cárceles más seguras no debió hacerse cómo se hizo: policías desarmados, sin equipo a los que los reos ya esperaban sin que la protección en las torres del penal se hayan activado para apoyar la contención de los reos. Era como si los reos supieran del operativo.
Los intentos de llegar a acuerdos con los policías empezó de la peor manera: la gobernadora se negó a ir a negociar con ellos y les invocó a invitar a sus mamás para que con ellas dialogaran, el problema se agravó. Terminó yendo y aunque empezó con un discurso en el que consideró legítimas las protestas y exigencias, ofreció todo esperando que se conformaran, pero cuando les dijeron que empezarían a dialogar sólo con la salida de la secretaria Muños, Layda estalló y les espetó que ella no fue a cumplir caprichitos.
El problema creció más y ahora se convirtió en tema nacional que ha concitado el apoyo ya no sólo de los campechanos y su sociedad sino de policías del sindicato nacional que se sumarán a una marcha que está convocada para el próximo sábado 13.
Negarse a ver que las denuncias de abuso de los policías están fundamentadas y que los descuentos del 3 por ciento de su salario para financiar a Morena, el forzarlos a hacer trabajos políticos sucios, hacerlos pagar por daños y mantenimiento de equipo y no mantenerlos en capacitación permanente son sólidas además que la petición orignal era el despido del staff de Marcela y no la incluían a ella, pero al confrontarlos de la peor manera sólo se ganó el repudio de sus subalternos.
Si Layda y Marcela no sabían desde que llegaron que había policías corruptos, acredita una incapacidad de la secretaria para aplicar protocolos de verificación de confianza, si lo sabían y los dejaron para usarlos a su favor, peor.
La realidad es que la explicación de Layda pareciera dejar en claro que no tienen idea de cómo resolver el conflicto porque no cederá ante al exigencia de la renuncia de la secretaria de seguridad y recurrió al argumento fácil de señalarlos como lo peor y vincularlos con Alejandro Moreno y Eliseo Fernández Montufar.
Igual que el presidente, su responsabilidad como titular del Ejecutivo pareciera no quedarle clara: ella es la responsable de las decisiones de cada uno de sus colaboradores, porque ella armó su gabinete, ella ganó –es un decir- las elecciones y sólo puede hacer lo que la ley le permite aunque crea que la ley debe amoldarse a sus caprichos y necesidades.
Lo bueno de esto es lo mal que se está poniendo, diría el clásico porque el atropello contra los policías no está quedando sólo en haberlos usado como carne de cañón para un operativo fallido del que muchos resultaros lesionados y mujeres ultrajadas sino ahora en violentar sus derechos laborales como empleados del gobierno que ella encabeza.
Sansores no parece tenerlo claro: gobierna un estado dividido en tres y si bien es cierto que ella tiene un tercio mayor, que no se le olvide que es así por los votos que obtuvo del PT en su coalición. En los hechos Eliseo Fernández logró más votos para MC que ella para Morena y el PRI siempre les piso los talones.
La gobernadora se ha ido enredando al responsabilizar a sus adversarios de sus incapacidades y errores –como hace el presidente- y ha sido incapaz de sentarse a dialogar y negociar con quien ella ve como sus adversarios. Se someten o se someten, es el mensaje.
Una gobernadora inteligente tendría claro que sólo gobierna el Estado con un tercio de la población a su favor y que hoy ya dos terceras partes y algunos que votaron por ella ya no aprueban su manera de conducir al estado.
Como el gobierno federal, Layda tiene un desastre en temas de seguridad, de salud, de atracción de inversión, de obra pública, de ejercicio del presupuesto que no informa y menos detalla. La visión de que tiene mayoría se está esfumando no sólo por los errores y el desgaste natural de un gobierno que no puede darle gusto a todos, sino también por esa negación a aceptar dialogar, acordar y ceder ante quienes tienen un poder real como los empresarios y la sociedad en su conjunto que hoy ven con pasmo el retroceso real que padece Campeche en la actual gestión.
La legitimidad de un gobierno se logra encada decisión y el apoyo de la sociedad se tendrá si se hace justicia, si se toman decisiones dolorosas pero justas y, sobre todo, si se dan resultados a una sociedad que ya no ve lo duro sino lo tupido con un gobierno que prefiere regresar el presupuesto de los campechanos antes que usarlo para servirlos. Es el estilo Morena y Layda está cumpliendo lo que ofreció: trajo la 4T a Campeche y los resultados están a la vista. Se gobierna a golpes de imposición.
Esperemos la marcha del 13 y, si ud. ama a Campeche y desea prosperar y hacerlo más grande no sirva a los intereses de los falsos demócratas, un sexenio basta para quedar escarmentados.
