Por: Francisco López Vargas
Emilio Lozoya es, a todas luces, el ejemplo de cómo se manipuló la justicia para construir una narrativa falsa para involucrar a adversarios políticos y desprestigiarlos. Lozoya argumenta ante la autoridad capitalina que para conseguir un beneficio legal se auto incriminó y que dio referencias falsas que involucraron a 16 personas, entre ellas a la periodista Lourdes Mendoza, al ex director de Pemex, Carlos Treviño, y al senador Jorge Luis Lavalle Maury, los dos últimos sujetos a proceso y el ultimo encarcelado y actualmente en libertad, aunque perdió un amparo en marzo de este 2024.
Mendoza, la única mujer y periodista involucrada en los dichos de Lozoya, se ha defendido legalmente de las acusaciones en su contra y no sólo ha ganado legalmente todos los pasos del proceso, sino que también se ha convertido en la principal acusadora de Lozoya ya que gracias a sus investigaciones y aclaraciones el ex director de Pemex perdió privilegios de sus acuerdos y exhibió la farsa que era el proceso contra él al fotografiarlo comiendo en el restaurante Hunán capitalino.
En su afán por legitimar su defensa, Lozoya dice que aprovechó una opción legal conocida como criterio de oportunidad que le permitía tratar de lograr un acuerdo y que para ello aportó datos que incriminaran a otros implicados. Lozoya agrega que al auto incriminarse sus testimonios pierden efecto jurídico contra él y por ello no pueden surtir efecto jurídico alguno.
Explicar lo anterior necesita conocimientos jurídicos, lo que no es que fue una maniobra a la que él se prestó para tratar de darle elementos a López Obrador para desprestigiar la reforma energética e invalidarla aunque para ello las fechas utilizadas no compaginan con las de las reformas. Las decisiones tomadas en el legislativo fueron a propuestas añejas de abrir a las inversiones privadas la industria energética nacional y por ello es por demás inexplicable que a quienes promovieron la reforma los hayan sobornado para votarla a favor ya con las reformas autorizadas.
La explicación de quienes se esmeraron por hacer creíble la farsa de Lozoya cayó por su propio peso, pero eso no evitó que la ley se aplicara a un absurdo, como ha pasado muchas veces en el gobierno de López Obrador.
Lo que hoy vemos es que un contrasentido porque si alguien tenía calidad moral para limpiar la casa ese fue López Obrador luego de ganar una elección que no dejó duda de quien mandaba.
Sin aceptarlo, López trató de fingir que combatía la corrupción, que se encarcelaba a los autores aunque todos fueran chivos expiatorios a quienes se les debía de juzgar, pero por otros delitos.
La farsa de la Cuarta Transformación empezó desde la cancelación del aeropuerto de Texcoco que seguiremos pagando muchas años después del fin de este sexenio y padeciendo mientras la tarifa de uso aeroportuario sirva para ello y no para hacer mejor el servicio del aeródromo más importante del país.
El fracaso del gobierno de Andrés no tiene lugar a dudas. Sus números son los que peor lo describen y los supuestos beneficios que les da a los más necesitados tiene que ver con la cancelación de servicios y derechos que la sociedad había lograr conquistar: guarderías infantiles, servicios de salud, medicamentos y tratamientos gratuitos, todo bastante mediocre pero que en la realidad aliviaban el día a día de quienes los padecían. Hoy, ni eso hay.
La farsa continúa porque López Obrador decidió refrendar su gobierno en las elecciones de 2024 e hizo a un lado a su candidata para juzgar su gestión, plagada de irregularidades, corrupción, incapacidad e imponerle a la aspirante ganadora no sólo la agenda de su gestión sino también quienes la acompañarán como su gabinete. A pesar del desastre, Morena ganó.
Ahora, con la elección en la bolsa, el gobierno pretende arrebatar la mayoría calificada loque le permitiría modificar la constitución y someter a los tres poderes a uno sólo: el del Ejecutivo, igual que ocurrió en Venezuela, Nicaragua o Cuba.
Con una oposición diezmada y sin una contrapropuesta de gobierno más que la descalificación al presidente y su gobierno, las urnas atestiguaron que 36 millones votaron por Claudia Sheinbaum cuya oferta es construir su segundo piso en medio de un desastre sin resultados en el que impera la violencia, la corrupción y la incapacidad.
Hoy mientras intentan desviar la atención con una reforma judicial, el gobierno y sus adláteres maniobran para tener el control del 75 por ciento del Congreso a pesar de sólo tener el 54 por ciento que les valida su triunfo.
Mientras la persecución legal ya empezó -en realidad continúa- contra quienes no terminan de aceptar al nuevo partido hegemónico y el regreso al México de los 50´s.
